REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERIA

ONG advierten:
La reforma de Extranjería dejará a los 'sin papeles' sin Educación ni Sanidad
ONG y sindicatos advierten que si la reforma de la Ley de Extranjería no se abre al diálogo social, los inmigrantes que se encuentren en el Estado en situación irregular no podrán acceder a servicios públicos básicos.



Redacción (18/09/2009)
El PSOE ha conseguido este jueves que la reforma de la Ley de Extranjería superara su primer escollo en el Congreso de los Diputados al rechazar, con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, las enmiendas de totalidad del PP, PNV y ERC-IU-ICV.

Sin embargo, la opinión crítica de las ONG no se ha hecho esperar. "Si sale adelante el redactado actual de la reforma de la Ley de Extranjería, los inmigrantes que se encuentren en el Estado español en situación irregular quedarán fuera de la Sanidad y la Educación públicas porque no podrán empadronarse, condición necesaria para acceder a estos servicios", así lo han denunciado desde la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), sindicatos como UGT y CCOO y entidades sociales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas Española y la Red Acoge.

En rueda de prensa y en comunicado público los responsables de estas organizaciones sociales han explicado que la Exposición de motivos que precede al anteproyecto de la ley identifica el concepto "residencia" con el de "autorización de estancia o residencia legal". Por ello, cuando el artículo 6.3 del texto dice que los ayuntamientos incorporarán al Padrón a los extranjeros que "residan" en su territorio, "está excluyendo" a aquellos que se encuentren sin papeles.

Se invisibiliza su situación

Para la coordinadora del Área de Análisis y Desarrollo Social de Cáritas Española, Ana Abril, esto tendrá una doble consecuencia: por un lado, supondrá "un recorte del derecho a asistencia sanitaria y a la educación" de los inmigrantes. Por otro, prosiguió, "se invisibilizará la realidad porque los ayuntamientos no tendrán una clara percepción" de la población en el municipio.

Las organizaciones han expresado sus dudas sobre que la restricción de estos derechos sea la "intención" del legislador al introducir la modificación del padrón y no un "lapsus", motivo por el que instan a los grupos parlamentarios a incorporar este precepto en sus propuestas de enmienda para evitar que salga adelante y "desvirtúe el objetivo del empadronamiento, que no es otro que dejar constancia de las personas que viven en un municipio".

"Posible inconstitucionalidad"

Entre las propuestas, destaca la modificación del artículo relativo al acceso a la Educación de los extranjeros, precepto modificado por el Tribunal Constitucional para hacer efectivo este derecho y que en la propuesta del Gobierno podría rozar la "inconstitucionalidad" ya que, según explica Abad, "la reforma limita de forma clara el acceso a la educación no obligatoria".

Asimismo, las ONG denuncian restricciones para los extranjeros en materia de vivienda social, ya que el anteproyecto de reforma plantea la residencia de larga duración (más de cinco años legalmente) como condición para el acceso a estas ayudas. Con este requisito "no sólo estamos mermando su derecho sino también provocando una política ineficiente", señalaron las ONG.

La directora técnica de Red Acoge, Begoña Santos, incide en el "endurecimiento" del régimen sancionador para extranjeros con medidas como la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento previo a la expulsión. Según afirma, en la práctica, la media de estancia en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) es de 20 a 30 días, por lo que "no se justifica" la ampliación para agilizar repatriaciones. Además, recuerda que la Directiva de Retorno europea sobre la materia es de "mínimos" y no obliga a los Estados a imponer condiciones más restrictivas de las que ya tenga en vigor.

Las organizaciones también han criticado la restricción de las reagrupaciones al núcleo familiar (cónyuge o análogo e hijos menores), la falta de soluciones para el problema de los menores inmigrantes que alcanzan los 18 años de edad bajo tutela de la Administración Pública y las "condiciones más gravosas" que impone el anteproyecto a los extranjeros para acceder a la justicia gratuita, por entender que se trata de "retrocesos" que llegan en un "momento inoportuno" porque "asocian crisis e inmigración" y que "no servirán para construir una sociedad más justa a largo plazo".

"Lesiona las políticas de Cooperación españolas"

La Coordinadora de ONGD de España, por su parte, ha denunciado que la ley de extranjería lesionará gravemente la credibilidad y eficacia de las políticas de Cooperación españolas y ha instado al Gobierno a que abra la reforma al diálogo social.

"Los factores económicos no pueden ser la excusa para recortar derechos a las personas migrantes, ni los valores y derechos humanos ejercitarse sólo cuando las 'cosas van bien'", explican desde la CONGDE.

"La reforma de la Ley de Extranjería tendrá consecuencias sobre temas centrales para las ONGD, como son la coherencia de políticas y la construcción de un modelo incluyente de sociedad, así como la educación para el desarrollo. La reforma supondrá un retroceso en la defensa de los derechos de la sociedad en su conjunto y afectará negativamente a la credibilidad y eficacia de la cooperación española, repercutiendo directamente en el trabajo que las ONG de Desarrollo están desarrollando tanto en los países de origen de la migración como en nuestro país", añaden.

Como denuncia la Coordinadora en el documento "Reforma de la Ley de Extranjería. Análisis desde la perspectiva de desarrollo", "la política migratoria española está adquiriendo orientaciones claras hacia intereses estrictamente económicos". En una vuelta más de tuerca, "la reforma actual de la LOEX supone un paso más en la consolidación de una política restrictiva en lo que a temas migratorios se refiere".

Por todo esto, la CONGDE insta al Gobierno a abrir de nuevo el texto de reforma de la Ley de Extranjería al diálogo social, incorporando en el debate las voces críticas de las numerosas organizaciones sociales y de cooperación para el desarrollo que demandan una Política de Migraciones que equipare los derechos ciudadanos para todas las personas que residen en el Estado español, con independencia de su origen.

CanalSolidario.org, 2009